El balance de los primeros cuatro meses de funcionamiento del Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucios ha concluido ya con la resolución de 230 expedientes, es decir el 40% de los casos abordados. De ellos, un 89% (204 casos) se ha resuelto, y en 169 casos no ha sido necesario llegar a la interlocución con las entidades financieras.
La atención se presta por profesionales de las 30 oficinas habilitadas en las corporaciones locales, que les prestaron asesoramiento y realizaron un análisis pormenorizado de la situación de la unidad familiar desde la óptica económica y la social. En el 37% de los casos, como complemento, diseñaron un plan de economía familiar para sanear sus cuentas. La “clave” está en la prevención y en acudir al servicio antes de que se produzca el primer impago de la hipoteca.
Cada una de esas familias requirió de media entre tres y cuatro entrevistas con los técnicos de las corporaciones locales para recabar toda la documentación y preparar el expediente. Y es que, además de prestar ese asesoramiento, los técnicos valoran el riesgo de exclusión y las necesidades que contar con apoyos u otros recursos para paliar o mitigar su situación.
Así, los profesionales optaron por derivar al 35% de las familias atendidas (en total 203) hacia las prestaciones que ofrecen los Servicios Sociales de Castilla y León, o bien les derivaron hacia políticas de búsqueda de empleo o de una vivienda alternativa, hacia los servicios de salud o incluso les orientaron hacia la asistencia jurídica gratuita. En algunos casos, una familia pudo requerir más de una atención especializada.
De estas 203 familias derivadas hacia la intervención, 136 familias lo fueron hacia los Servicios Sociales, activándose así la Renta Garantizada de Ciudadanía, las ayudas de emergencia social o programas de intervención familiar. 52 contaron con el apoyo de las entidades del Tercer Sector, como complemento, y a otras 68 se les dirigió hacia los servicios de empleo para mejorar sus posibilidades de acceder a un empleo, actualizar su perfil o solicitar la Renta Activa de Inserción.
En 19 casos se les recomendó que acudieran al sistema de salud y en 15 se comenzaron a buscar alternativas de vivienda. 73 familias, que cumplían los requisitos, fueron orientadas hacia la asistencia jurídica gratuita.
