Uno de cada cuatro dependientes tienen reconocido el derecho, pero se mantiene en espera
- Las CC AA han regularizado los expedientes de cerca de 25.800 dependientes.
- De los expendientes, además, 1.363 estaban duplicados y el resto tenían errores.
- En total, 748.235 personas son beneficiarias de estas prestaciones o servicios.
- Y 218.345 tienen reconocido el derecho a recibirlas pero se mantienen en espera.
Las comunidades autónomas han regularizado 25.806 expedientes de personas dependientes, a petición del Tribunal del Cuentas, de los que 12.055 habían fallecido, 1.363 estaban duplicados y el resto —12.388— contenían errores, aunque no han modificado la estadística.
En total, 748.235 personas son beneficiarias de las prestaciones o servicios que ofrece la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y 218.345 tienen reconocido el derecho a recibirlas pero se mantienen en espera, según los últimos datos publicados por el Imserso, cerrados a 30 de abril.
Durante el mes de abril se incorporaron 7.926 nuevas personas como beneficiarias Durante ese mes, se han incorporado —respecto a marzo— 7.926 nuevas personas como beneficiarias de prestación y 13.397 solicitudes de reconocimiento de la dependencia, de las que ya se han valorado un 93,64%. La lista de personas pendientes de recibir la correspondiente prestación se ha ido reduciendo a lo largo del año. Así, en enero había 238.526 personas dependientes; en febrero, 227.780; en marzo, 224.216, hasta situarse en abril en 218.345.
El Imserso destaca que durante el mes de abril ha concluido el proceso de regularización de los 25.806 expedientes que estaban incorporados l sistema y que el Tribunal de Cuentas consideró que debían ser revisados. De ellos, más de la mitad de los expedientes —13.110— se han ido regularizando durante el primer trimestre y han modificado la estadística porque muchos de ellos han supuesto la baja en el sistema, mientras que el resto —12.696— se ha completado a lo largo del mes de abril.
En esta noticia, se observa que los principios rectores de Universalidad e Igualdad efectiva referentes a la Ley 26/2010 de los servicios sociales de Castilla y León se ven afectados. Mucha gente no a podido acceder a las prestaciones de dicha ley